3 oct. 2013

Educación en casa a juicio en "De buena ley"



Hay un programa en televisión cuya presentación dice: 

'De buena ley' presenta en cada edición un litigio en el que sus contendientes muestran posturas irreconciliables. Tras la exposición de los argumentos por ambas partes, el letrado encargado de evaluar el caso -Gustavo Larraz, Isabel Winkels, Emilia Zaballos, Aitor Canales o Darío Jurado- se retira a deliberar mientras algunos miembros del público trasladan su opinión a los litigantes. Momentos después, el jurista ofrece la resolución del caso mediante un laudo arbitral.

Parece ser que las partes enfrentadas son representadas por actores aunque basándose siempre en casos reales (o que podrían ser reales). El juez es representado por un letrado. Hay, además, una presentadora y dos invitados para defender, cada uno de ellos, la postura de una de las partes. También el público participa dando su opinión.

Ayer, el litigio representado fue el de una madre denunciada por la directora de un colegio por haber desescolarizado a su hija. Los invitados para defender cada una de las posturas fueron Xavier Massó, catedrádico de enseñanza secundaria y presidente de la federación de sindicatos de profesores de enseñanza secundaria de España; y Yvonne Laborda, madre de tres niños unschoolers, autora del blog Aprendiendo todo de todos y ex-profesora (ejerció durante 15 años).

No sé si los que representan a los abogados tienen formación jurídica o no, pero diría que no.

El formato del programa permitiría convertirlo en una importante acción formativa e informativa, sin embargo cae en la simpleza del espectáculo televisivo en su peor concepción. Como debate, los argumentos son flojos y ninguna de las partes sale de los tópicos y mitos sobre el tema. No sólo no tienen datos sino que ninguno de los presentes, excepción hecha de Yvonne Laborda, conoce de primera mano a ninguna persona que sea o haya sido educada fuera de la escuela convencional.


Como simulación de juicio hace un flaco favor a quienes nos dedicamos a ello, pues da la imagen -errónea- de que los juicios pueden basarse en argumentaciones de tipo moral, filosófico o de otra índole (pedagógico, en este caso) e incluso en meras opiniones. Lo primero que deberían haber aclarado es qué tipo de leyes supuestamente estaba infringiendo la madre que desescolarizó y, a partir de ahí, centrar sus argumentaciones en las leyes que considerasen aplicables. No es lo mismo un expediente administrativo, que un proceso penal que uno civil. O que un arbitraje, para el caso.

Leo con preocupación a muchas personas dando por hecho que si el laudo que se "dictó" en este programa es favorable a la educación en casa es porque ésta está permitida en España, sin más. Pero en realidad la letrada que actuó como juez no fundamentó adecuadamente su decisión: se apoyó simplemente en un genérico reconocimiento constitucional del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, respaldados a su vez por la "declaración universal de los derechos de la infancia". De la manga de su toga se saca estas tres perlas:

1) que la educación en casa está permitida en España
2) que está muy regulada
3) que está muy controlada

Para terminar de rizar el rizo, dice que falla a favor de la madre porque cumple "todos y cada uno de los requisitos". Claro que no especifica cuáles son ni en qué normativa se exponen, porque esos requisitos son inexistentes en nuestro ordenamiento jurídico.

No quiero con ello decir que el laudo tuviera que haber sido favorable a la directora del centro (que, en cualquier caso, no sería la contraparte en un juicio por desescolarización, pero eso son tecnicismos procesales que podemos perdonarle al show televisivo).

Para emitir un laudo favorable que fuera técnicamente correcto habría sido necesario un pequeño esfuerzo de ingeniería jurídica para desmontar la obligatoriedad de la escolarización presencial del artículo 4 de la LOE. No voy a entrar en detalles pero quiero aclarar que sí es posible llegar a una sentencia semejante (favorable a la familia) en un juicio real en la vía civil, sólo que para ello es imprescindible que el abogado defensor monte su estrategia procesal con un argumento jurídico basado en la normativa vigente y en los principios generales del derecho dejando de lado los argumentos pedagógicos que en sede judicial no tienen -ni han de tener- cabida.