21 may. 2013

La falacia del interés del menor



Supuestamente el interés del menor es el principio fundamental en torno al cual gira toda la normativa que afecta a menores de edad. La Ley de Protección Jurídica del Menor dice en su artículo 2: "En la aplicación de la presente Ley primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir." 

Además, la LOE cuenta entre sus principios informadores el siguiente: "La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad".

Pero ¿qué sucede en la práctica?

En la práctica sucede que algunas familias homeschoolers, que dan una educación personalizada a sus hijos sin causarles perjuicio alguno son perseguidas como si fueran criminales y se les acusa:

-de perjudicar a sus hijos al negarles una escolarización convencional que, supuestamente, es garantía de alguna calidad superior.  Las familias demuestran que el nivel académico de sus hijos es superior al que les corresponde por curso según el MEC. Da igual que hablen cuatro idiomas, toquen tres instrumentos musicales y tengan un alto nivel de matemáticas.

-de impedir la adecuada socialización de sus hijos. Las familias demuestran que los niños tienen relaciones saludables con otros niños, que van a actividades extraescolares y sociales, que son boy scouts o voluntarios en una ONG. Eso también da igual.

-de no tener la capacitación pedagógica necesaria para educar. Aunque ya hayan demostrado que los resultados rebaten este argumento. Eso también da igual.

-de sobreproteger a los niños educándolos en una "burbuja". Aunque previamente los niños hubieran sido víctimas de bullying en la escuela.

Todo eso no importa. El interés del menor es la gran mentira del estado del bienestar. Sólo importa la aplicación literal de la ley, sin atender a su espíritu y a la posibilidad de alcanzar los fines previstos por otros medios.

Por ello es fundamental que la argumentación de la defensa del homeschooler sea estrictamente jurídica, nunca pedagógica ni moral y, mucho menos, emocional.