28 may. 2013

Efectos colaterales de la ilegalidad del homeschooling en España


Aunque el porcentaje de familias educadoras en casa que tienen problemas de tipo legal en España es bastante bajo, lo cierto es que la posibilidad siempre está ahí. A la administración pública le cuesta más dejarnos en paz desde la sentencia de 2010 y, aún así, son muy pocas las familias que llegan a juicio y aún menos las que obtienen sentencias condenatorias.

Técnicamente, lo que sucede en España con el homeschooling se llama "inseguridad jurídica" porque no está nada claro si se puede o no se puede, ni cuáles son las posibles vías de actuación de la administración competente (ni siquiera cuál sería esa administración competente), ni cuáles son las posibles consecuencias para las familias.

En este contexto suceden diversas consecuencias del todo indeseables pero que son una realidad que, a mi modo de ver, debería pesar para que la balanza del legislador se inclinara a favor de la plena legalización. 

Los efectos colaterales detectados son:

-El constante estado de alteración debido al miedo a una posible denuncia. Algunos padres son incapaces de relajarse y disfrutar del homeschooling porque están pendientes de que no les denuncien. Por ello procuran no salir a la calle en horario escolar, procuran no hablar con nadie sobre la forma en que educan a sus hijos y, si lo creen conveniente, incluso mienten a este respecto.

-La falta de información fiable. Con toda su mejor intención, algunas madres homeschoolers intentan ayudar a las demás (o a las futuras) con información sobre la legalidad del homeschooling y sobre cómo desescolarizar a un niño o, incluso, como enfrentarse a posibles denuncias. A menudo se basan en su propia experiencia personal o en cosas que han escuchado o leído en otros sitios, cosas que muchas veces son imprecisas o incluso erróneas. Del caso concreto no puede inferirse el principio general, al menos no en cuestiones legales y adminsitrativas como ésta en la que tiene un peso importante la arbitrariedad, más o menos legal, de los trabajadores públicos implicados.

-Los negocios sustentados en base al miedo de estas familias. Ligado al punto anterior, estamos en una situación que ha propiciado la aparición de algunos negocios de dudosa calidad, dudosa legalidad y dudosa honestidad. Vendedores de humo que han hecho su agosto gracias al miedo de esas familias que se habrían agarrado a un clavo ardiendo con tal de evitar la tan temida denuncia. Una vez descubierto el engaño, esas familias no se han atrevido a tomar acciones legales porque habría sido, coloquialmente hablando, meterse en la boca del lobo.

-La falta de profesionales del derecho debidamente cualificados, que además de una base teórica dispongan de, si no experiencia directa, al menos sí datos reales sobre casos ya cerrados en España.  Además, el rechazo a los principios deontológicos más básicos como la negativa de aceptar un encargo para el que no se está cualificado unido a la falta de un criterio sólido por parte de los padres a la hora de contratar, han derivado en situaciones delicadas que, en ocasiones, han resultado en un grave perjuicio para las familias.

-El camuflaje de algunas situaciones de dejación de funciones parentales. El hecho de que la inseguridad jurídica nos obligue a vivir debajo del radar ha llevado a una colectiva (tal vez unánime) defensa férrea del derecho de todos los padres de educar a sus hijos como consideren mejor, impidiendo un debate honesto sobre la viabilidad de la no escolarización en cualquier circunstancia. Se demuestra, una vez más, que el interés del menor no es el bien que está en juego aquí.

-La necesidad de mostrar lo positivo del homeschooling, de demostrar que lo hacemos tan bien o mejor que el sistema escolar, implica que no podamos hablar abiertamente de las desventajas de esta opción educativa, de nuestras dudas, de los errores cometidos, de los conflictos internos y, en definitiva, de tener un debate sano y honesto que nos ayude a mejorar.

En conclusión, considero que el Estado en su afán por proteger el interés del menor ha elegido el camino incorrecto, cual es el de pretender forzar a la escolarización de todos los niños, obviando descaradamente una realidad que existe y que crece cada año en nuestro país; una realidad que es el complemento ideal de cualquier sistema educativo que se precie, que garantiza la flexibilidad y la personalización de que hacen gala todas las leyes educativas y que, en la práctica, no son más que palabras vacías.