18 ago. 2012

Desmontando el artículo 1



El artículo 1 de la Constitución Española de 1978 dice textualmente: 

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Vamos a desgranar las partes que nos interesan aquí:

En primer lugar, el concepto de "Estado de Derecho" se concreta en varios principios, a saber:

-El principio de legalidad. Éste es el punto fundamental, según el cual el Estado se rige por un sistema de leyes, ordenador en torno a la Constitución.

-El principio de sujeción al ordenamiento jurídico. Supuestamente, no sólo los ciudadanos sino también los poderes públicos están sujetos al imperio de la ley. Así lo establece el artículo 9.1 de la Constitución Española.

-El principio de la supremacía de la Constitución. Éste punto va ligado a los anteriores, por cuanto especifica que toda norma jurídica debe derivar directamente de la Constitución y no puede contradecirla.

-El principio de responsabilidad. Los poderes públicos y los órganos de la administración deben responsabilizarse de sus actos y asumir las consecuencias de los mismos cuándo estos vulneren la Constitución y las leyes o los derechos y libertades de los ciudadanos.

-El principio de limitación y de división del poder. en un Estado de Derecho no caben poderes absolutos ni poderes arbitrarios. Pro ello se establece, legalmente, la división de las funciones políticas, adminsitrativas y judiciales, no pudiendo los responsables de una de ellas invadir otras.

Como vemos, todos estos principios se vulneran en España en torno a la cuestión de si los padres podemos libremente educar a nuestros hijos fuera del sistema escolar o no. 

Se vulnera el principio de legalidad, puesto que la legislación española concerniente a la educación constituye una maraña indescifrable, contradictoria y técnicamente débil que permite un alto grado de arbitrariedad a los responsables de su aplicación.

Tampoco hay sujeción al ordenamiento jurídico, y no puede haberlo de ningún modo cuando el ordenamiento jurídico es un absoluto caos. Lo mismo se aplica a la limitación y a la división del poder. Los homeschoolers nos encontramos a menudo con directores de centros escolares, con trabajadores sociales, con fiscales y con jueces que invaden las competencias unos de otros, que no tienen claros los límites de actuación que les son permitidos y que, mucho peor aún, no tienen claro cuál es la ley que deben aplicar.

Tampoco hay supremacía de la Constitución, por cuanto los jueces y fiscales están usando, no ya la jurisprudencia existente, sino un única sentencia del Tribunal Constitucional como si fuera una ley orgánica, dándole un rango que no le corresponde.

Por tanto, España sólo puede considerarse un Estado de Derecho sobre el papel mojado de la Constitución, pero la experiencia cotidiana nos indica justamente lo contrario. Que vivimos en un Estado sin ley ni orden, sin división de poderes ni asignación concreta de funciones. Esto, técnicamente, se llama "inseguridad jurídica" y es lo más grave que le puede pasar a un Estado que dice ser "social y democrático de Derecho".

Por tanto, los valores superiores del artículo 1 tampoco existen:

-no hay libertad, por cuanto los padres no podemos elegir libremente qué educación ha de darse a nuestros hijos.

-no hay justicia, por cuanto la situación de inseguridad jurídica se traduce en el fallo a veces favorable y a veces contrario de los Tribunales, sin ningún criterio común que sirva de base.

-y no hay igualdad, puesto que los homeschoolers somos tratados con suma desigualdad en función de nuestra zona de residencia y según los funcionarios con los que nos toque lidiar.